El desarrollo de los diálogos entre FARC-EP y el gobierno nacional en La Habana (Cuba) para allanar una serie de respuestas a problemáticas de tipo social, económico, cultural y político que padece el país, ha despertado el interés por parte de múltiples actores sociales en Colombia y a nivel internacional, pues constituyen sin duda alguna, una nueva posibilidad de implementar una serie de transformaciones al Estado que permitan avanzar en el camino de la reconciliación y la reconstrucción nacional. Movimientos sociales, partidos de izquierda, expresiones progresistas y democráticas, sectores académicos y múltiples organizaciones sociales y populares que en la última década defendido las banderas de la paz con justicia social, han manifestado su apoyo a través de acciones concretas, como la movilización social del pasado 9 de abril. La cual constituye la expresión más reciente del clamor popular por la paz con justicia social. (Sofía Ríos Fernando Giraldo Partido Comunista Colombiano Clandestino Frente Urbano y Rural Jacobo Arenas FURJA)
Este respaldo popular se acrecienta con optimismo en grupos sociales que han sido maltratados por la acción guerrerista y la intensidad del conflicto armado colombiano en las últimas décadas. Los presos políticos imputados o condenados en las cárceles del país; exiliados y refugiados en el exterior; los campesinos despojados por el accionar de grupos paramilitares y megaproyectos extractivistas; las familias de los desaparecidos y víctimas de las ejecuciones extrajudiciales; las poblaciones periféricas de la Colombia profunda así como la mayoría de colombianos, afirman su deseo e ilusión de vivir en un país, en un territorio de paz con justicia social en el que el interés colectivo y altruista prime sobre la acción de un Estado transformado. Sin embargo es necesario objetivar dicho anhelo y apreciar las condiciones actuales del campo político colombiano para develar como el actual gobierno nacional no está interesado en aplicar una serie de transformaciones necesarias en sus estructuras que garanticen el retorno del pueblo en armas al campo político institucional.
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